Volvemos a tropezar con los políticos. La LRU con sus quince años en vigor ha sido una lacra en la selección del profesorado, con serias repercusiones negativas en la docencia e investigación. Los políticos han intentado resolver este problema sin demasiado entusiasmo, y no lo han conseguido. En el último año se viene haciendo un nuevo intento. Sin embargo, nadie quiere perder poder a la hora de influir en la selección del profesorado.

En relación con el problema planteado desde siempre respecto de las comisiones que resuelven los concursos a plazas de Profesores de Universidad, agravado por la LRU, la Federación Nacional de Catedráticos de Universidad en documento elaborado por la misma, y difundido el pasado mes de noviembre por un medio de comunicación, «asegura que el 75% de los candidatos son favorecidos por el tribunal y sólo el 25 por ciento es merecedor de la plaza».

La denuncia es realmente grave, si se confirma la veracidad del escrito, pues el Código penal castiga en su artículo 404 con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

De lo anterior parece deducirse que la arbitrariedad alcanza al menos a las tres cuartas partes de los concursos, donde el candidato debe obtener como mínimo tres votos favorables. Así las cosas, y salvo que se quiera continuar con el actual sistema injusto, necesariamente debe evitarse que las comisiones se encuentren integradas sólo por profesores de Universidad de una misma área. En ningún caso debe haber más de dos de la materia objeto del concurso en dichas comisiones, pues cuando se reúnen tres o más existe un alto riesgo de arbitrariedad. Podría reservarse para el presidente, procediendo el resto --hasta cinco o siete-- de otras áreas de conocimiento afines, e incluso de entre expertos ajenos a la Universidad. Tampoco el partido en el poder ha cumplido con su programa, en el que prometía un sistema de habilitación nacional del profesorado, que hubiera dificultado en gran medida las tradicionales corruptelas con el nombramiento de tribunales más objetivos.

El sistema de selección del profesorado de la Universidad es tan irracional, y tan poco exigente que incluso es posible conseguir una plaza de profesor permanente sin tener aprobada la licenciatura: recientemente se ha descubierto el caso de un falso licenciado que un una Universidad obtuvo una plaza de Profesor Titular. Lo importante es tener tres votos favorables, los méritos cuentan menos; de ahí que siga vigente la frase tradicional entre los concursantes que «lo primero y principal es tener el tribunal», realidad que nadie pone en duda.

Buena parte del profesorado prefiere el sistema actual, pues es una forma de influir en los tribunales. No obstante, no faltan los que defienden que consiga la plaza el aspirante con más méritos y mejor preparado. Sin embargo, da la impresión de que son muchos los que no desean un procedimiento objetivo de selección, pues incluso en el ambiente universitario se ha creado --y se acepta-- una cultura de la arbitrariedad. La reforma de la LRU, en materia de selección del profesorado, si se quiere que sea objetiva, sólo podrá hacerse prescindiendo de la participación de los políticos y de su propio profesorado, teniendo en cuenta los intereses en juego. Como en el caso de la Administración de Justicia habrá que recurrir a personas ajenas a la Universidad, que sean expertos en esta materia e independientes. No hay voluntad de atajar el problema en su raíz, por lo que todo seguirá poco más o menos como está.

En la vida universitaria son muchos los que se han acomodado a su condición de funcionario. La Universidad apenas es crítica con los problemas nacionales de contenido político o social y participa muy poco en la vida del país; mientras que el nivel científico sigue siendo insuficiente.